Proceso de fiscalización que realiza Contraloría General, con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

Es una declaración, mediante la cual, el ciudadano pone en conocimiento de la CGR información concreta de uno o más hechos puntuales, relacionados con una eventual situación irregular, cometida por un funcionario o servicio sometido a la fiscalización de la CGR, con el objetivo que se investigue y determine la veracidad de lo expuesto y las responsabilidades que de ello puedan derivarse.

Identificación de las personas que estarían implicadas en los hechos descritos.

Constituye una jurisdicción especial, cuyo objetivo es perseguir la responsabilidad civil de los funcionarios o ex-funcionarios a quienes corresponda la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes del Estado, con el fin de mantener la integridad del patrimonio público al cual se le ha causado daño.

La que emana de una conducta que causa daño patrimonial. Dicha responsabilidad lleva la obligación de resarcir el daño o perjuicio, a través de la correspondiente indemnización.

La que se origina en una infracción cometida por el funcionario público a los deberes, prohibiciones y/o incompatibilidades  que le afectan en dicha calidad. La sanción se ve concretada en la aplicación de una medida disciplinaria. El procedimiento para hacer efectiva tal responsabilidad es a través de una investigación sumaria o sumario administrativo.

Es el conjunto de actuaciones formales a cargo de un instructor, denominado Fiscal, que está destinado a establecer la efectividad de los hechos materia del mismo y a determinar la participación que los funcionarios pueden haber tenido en ellos y a precisar, cuando corresponda, la consiguiente responsabilidad.