El Estado de Derecho Constitucional y su relación con la corrupción fue el tema central de la charla magistral dictada por el destacado catedrático español Alejandro Nieto García, el miércoles 26 de julio, en la sede central de la Contraloría General de la República.

La actividad, que formó parte de las actividades de acercamiento a la comunidad que la Contraloría desarrolla en todo el país con motivo de su 90° Aniversario, tuvo como propósito abordar el tema de la corrupción y su relación con el Estado democrático.

En la ocasión, el también profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y doctor Honoris Causa por las universidades Carlos III de Madrid y Nacional de Buenos Aires, señaló que las relaciones entre corrupción y Estado democrático son bidireccionales, ya que “las instituciones influyen para frenar o para fomentar la corrupción, mientras que la corrupción interviene sobre el funcionamiento de las instituciones en ocasiones para deformarlas”.

A la ponencia asistieron las principales autoridades institucionales, encabezadas por el Contralor General, Jorge Bermúdez; la Subcontralora General, Dorothy Pérez; además de varios invitados especiales, como el Ministro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica; decanos, académicos y estudiantes de Derecho de distintas casas de estudios superiores; funcionarios de Contraloría y representantes de servicios públicos.

En su exposición, el profesor Nieto se refirió a la intervención del derecho en la corrupción pública. Explicó que el objetivo de la administración basada en el Estado de Derecho es prevenir y reprimir lo más posible la corrupción, pero que también debe garantizar las libertades y los derechos individuales. El catedrático preguntó: “¿en qué medida el afán de frenar la corrupción puede desarrollarse con respeto a las garantías de los ciudadanos?”. Planteó que teóricamente esto es posible, pero no en la realidad. “El respeto de las garantías individuales es un freno para la eficacia de la administración”, afirmó.

Agregó que existen fallas en la legislación que permiten la actuación de los corruptos. “Estadísticamente la mayor parte de las absoluciones de hechos de este tipo se deben a un defecto del procedimiento y tenemos una situación lamentable, que es la presencia de muchos corruptos impunes”.

Planteó también su opinión respecto de la labor que, en este sentido, deben realizar los jueces de última instancia. “Muchas veces, por diversas circunstancias, sin garantías y atados, los jueces frenan la lucha contra la corrupción y actúan muy a su pesar como un escudo protector del corrupto”, explicó.

Siguiendo esa línea, afirmó que la corrupción “es uno de los factores que más deterioran la democracia y que la desprestigian. Tenemos excelentes estados constitucionales de Derecho que si tienen la mancha de la corrupción se degradan y los ciudadanos ya no les tienen confianza por muy eficaces que sean”.

A su juicio, para solucionar este tema, se debe ser consciente de que el derecho no se puede ni se debe aplicar de manera uniforme. “Hay estados de excepción, situaciones graves como la corrupción que exigen relajar las reglas del Estado de Derecho, lo que también tiene sus riesgos” y agregó que “estamos entonces ante un dilema político, ético o de conciencia que le corresponde resolver a cada uno”.

Al finalizar su exposición afirmó que la “situación actual del Estado Constitucional de Derecho y la corrupción es intolerable, al menos en España, ha llegado a desbordar todos los límites”.

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